La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, señala en su Informe Anual 2012 que existen muchas viviendas de protección pública (VPO) vacías que podrían ser utilizadas por familias que han sido desahuciadas, y añade que para ello habría que diversificar las fórmulas de cesión que actualmente contemplan las administraciones.
Con este ánimo, Becerril avanza que la institución está investigando de oficio con las comunidades autónomas y con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como con 10 municipios de más de 350.000 habitantes, para conocer con detalle la situación de ese “importante” número de viviendas que no han sido adjudicadas.
Con la información que se está recopilando, la Defensora del Pueblo está preparando un informe monográfico, que previsiblemente será presentado a las Cortes Generales “en los primeros meses de 2013”.
En este informe se tratarán de exponer las causas de por qué esas viviendas se encuentran desocupadas más tiempo del imprescindible para ponerlas en uso, y se realizarán recomendaciones para fomentar el mercado del alquiler para las viviendas pública y para fomentar que las administraciones “flexibilicen” los requisitos de acceso a las mismas, de modo que pueda ampliarse el número de beneficiarios.
En el Informe Anual 2012, Becerril trata de dejar claro que la situación de muchas familias que no cuentan con un hogar exige una respuesta rápida.
Así, la institución constata un cambio en el perfil de las personas que acaban ocupando una vivienda, “pues comienzan a aparecer familias estructurales que han sido desalojadas por el impago de hipotecas o alquileres”.
Asimismo, atestigua que “se ha recibido un número considerable de quejas de familias, otrora con una situación normalizada, afectadas por el desempleo de varios de sus miembros, que tras ser desahuciadas se ven abocadas a vivir en vehículos, cuando no en la calle, sin recursos económicos y con hijos a cargo”.
Además, aunque señala que en el caso de familias que ya habitan en un vivienda de protección, las administraciones “no hacen un uso extensivo de los desahucios”, recuerda que en este segmento también se producen estos procesos y que ello implica también “considerables esfuerzos e incluso perjuicios económicos para la Administración”.
Entre ellos, Becerril menciona los costes del procedimiento, la obligación de arreglar en un tiempo prudencial la vivienda desalojada y el asumir los gastos comunitarios de estos inmuebles que permanecen vacíos.
En este sentido, la Defensora del Pueblo abunda en que “el gran número de viviendas que se encuentran vacías pertenecientes a entidades financieras y a las administraciones públicas hace difícil justificar ante los ciudadanos, que muchas veces están viviendo situaciones límites, que no puedan tener acceso a una vivienda con una premura acorde con sus necesidades”.
Cambiar las condiciones de acceso
Por otro lado, la Defensora del Pueblo ha venido observando un incremento de las renuncias de las viviendas con algún tipo de protección pública por parte de los adjudicatarios, derivadas de la supresión de ayudas a la compra, la denegación de préstamos por parte de la banca, la exigencia de unos ingresos mínimos o máximos anuales en la unidad familiar o la pérdida de ingresos por el desempleo.
“Ésta es una realidad que necesariamente debe tomarse en consideración por los poderes públicos en el diseño de las políticas de vivienda”, señala Becerril.
Ahora bien, recuerda que ante esta situación transmitió una recomendación a la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento para que adoptase las medidas necesarias para que en la concesión de los préstamos cualificados no se apliquen criterios estrictamente bancarios, sino aquellos encaminados a facilitar el acceso a un “bien social básico”. Según apunta, hasta la fecha de elaboración del informe aún no había obtenido respuesta por parte de Fomento.
