martes, 23 de abril de 2013

Se sitúa en 1.519 euros por metro cuadrado


El precio de la vivienda sigue sin tocar suelo y cae un 7,9 % hasta marzo

El precio medio por metro cuadrado ha descendido un 27,7 % desde su nivel máximo en 2008

El precio de la vivienda libre retrocedió el 7,9 % en el primer trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2012 y se situó en 1.519 euros por metro cuadrado, un valor que no se registraba desde comienzos de 2004, según la estadística que publica hoy el Ministerio de Fomento.
Según la serie histórica de esta estadística, el precio medio por metro cuadrado ha descendido un 27,7 % desde su nivel máximo alcanzado en el primer trimestre de 2008.
Por tipo de inmueble, el precio de la vivienda libre nueva (hasta dos años de antigüedad) se situó en los 1.586,1 euros, el 5,1 % menos que un año antes, en tanto que la usada (más de dos años de antigüedad), fue de 1.503,3 euros por metro cuadrado, el 8,2 % menos.

lunes, 15 de abril de 2013

LUNES 15 DE ABRIL DE 2013 vozpopuli.com

El Gobierno calcula que la nueva etiqueta energética de los pisos costará unos 90 euros

Para los chalés adosados, la cifra se eleva a unos 250 euros. El distintivo será obligatorio a partir del próximo 1 de junio para todos los propietarios que vendan sus viviendas o las alquilen durante un plazo superior a cuatro meses.


Es la gran pregunta qué circula en los últimos días desde que, el pasado viernes, el Gobierno anunció la puesta en marcha de la nueva certificación energética de edificios (CEE) que será obligatoria poner a disposición de los compradores o arrendadores de viviendas (en el caso de los alquileres, para estancias superiores a los cuatro meses) a partir del próximo 1 de junio: ¿cuánto costará este distintivo? El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que ha elaborado el Real Decreto que regula la nueva etiqueta (una imposición de Bruselas) junto con el Ministerio de Fomento, no ha facilitado ninguna estimación sobre su coste, que correrá a cargo de los propietarios.
Pero, evidentemente, en el Ejecutivo han hecho sus cuentas: fuentes de la Administración señalan que la estimación para cada unidad de vivienda en los bloques de viviendas será de cerca de 90 euros por piso.
En el caso de las viviendas unifamiliares (el típico chalé adosado), el coste será mayor, como consecuencia de las características de estos inmuebles: unos 250 euros. El coste para las Administraciones Públicas se estima en unos 2,6 euros por metro cuadrado y año para los próximos cinco años.
Las cifras son orientativas, porque, como es lógico, será el propio mercado el que determine las tarifas una vez se vaya desarrollando. De momento, ya han aparecido estimaciones, mientras el Gobierno se decidía a sacar adelante la norma, que llevaba ultimándose meses, según había transmitido al sector.
Aunque organizaciones profesionales como el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España se han cuidado de formular pronósticos de cuánto costará la etiqueta (podría suponer una recomendación de precios y propiciar la apertura de un expediente por parte de las autoridades de Competencia) otros sí se han atrevido.
Así, la Asociación Española para la Calidad en la Edificación(Asece), que dice tener entre sus objetivos “satisfacer la demanda de empresas y profesionales de la construcción y edificación en materia de calidad”, ha señalado que, “en el arranque”, conseguir la nueva etiqueta costará entre 250 y 400 euros por vivienda, según dijo su presidente, Adrián Sánchez, en una entrevista radiofónica en febrero pasado.
El Real Decreto, que este martes todavía no se había publicado en el BOE, establece que el futuro certificado, “además de la calificación energética del edificio, deberá incluir información objetiva sobre las características energéticas de los edificios y, en el caso de los edificios existentes, documento de recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética del edificio o de una parte de este, de forma que se pueda valorar y comparar la eficiencia energética de los edificios, con el fin de favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía”, según la referencia del último Consejo de Ministros.
Asimismo, “y como actuación ejemplarizante de las Administraciones Públicas, el Real Decreto obliga a que todos los edificios o partes de los mismos, en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 500 m2 inicialmente que sean frecuentados habitualmente por el público, dispongan del certificado de eficiencia energética y exhiban su etiqueta de eficiencia energética”.
La norma llega diez años tarde y ha desaprovechado el boom inmobiliario, que podría haber propiciado un descenso enorme del consumo energético
Hasta ahora, la certificación energética ya era obligatoria para los nuevos edificios y los edificios existentes que sufrieran modificaciones, reformas o rehabilitaciones y que tuvieran una superficie útil superior a 1.000m2, conforme al vigente Real Decreto 47/2007. El nuevo Real Decreto refunde y deroga esa norma y extiende la certificación al resto de los edificios ya existentes, cuando se vendan o se alquilen.
La certificación incluirá información objetiva sobre la eficiencia energética de un edificio y valores de referencia; todo ello, con el fin de que los propietarios o arrendatarios puedan comparar y evaluar su eficiencia energética y estimar los costes futuros de los suministros energéticos.
Expertos del sector creen que la adaptación a la normativa europea (la etiqueta es una obligación de las directivas europeas, que España venía incumpliendo) llega muy tarde, con más de una década de retraso. Y critican que no se llevara a cabo durante los años previos al boom inmobiliario.
Entonces, podría haberse implantado sin ningún tipo de problema técnico ni de costes y habría proporcionado un inmenso ahorro energético de haberse aplicado al parque de viviendas que proliferó en los años de la burbuja. “Ahora, por no hacer las cosas a su debido tiempo, hay que revisar no sólo los edificios antiguos, sino también todos los que se han construido en los últimos diez años, que son muchísimos”, resume un experto del sector. Una lástima. 

la vpo podrá convertirse en vivienda libre para vender o alquilar


las vpo sin vender podrán descalificarse y venderse como vivienda libre

viernes, 12 abril, 2013 
la vpo podrá convertirse en vivienda libre para vender o alquilar

idealista.com

el ministerio de fomento permitirá a los promotores descalificar una vivienda protegida nueva sin vender y pasarla al mercado libre con el objetivo de que se pueda comercializar lo antes posible. además, permitirá que una vivienda de vpo de venta pase a vpo de alquiler (y viceversa) con el mismo fin, tal y como se contempla en el plan estatal de vivienda 2013-2016 que ya ha entrado en vigor tras su publicación en el boletín oficial del estado (boe)
según la disposición adicional cuarta del plan de vivienda, se podrá modificar la calificación provisional o definitiva de las vpo en venta, “procedentes de promociones de viviendas protegidas acogidas a financiación de los planes estatales de vivienda, como también vivienda protegida en alquiler”. eso sí, esta recalificación “no legitimará la obtención de nuevas ayudas estatales”
el plan también permite que durante el plazo máximo de tres años se puedan descalificar las viviendas protegidas de nueva construcción o procedentes de la rehabilitación y destinadas a la venta, pero siempre que hayan transcurrido al menos seis meses desde su calificación definitiva, y concurran las siguientes condiciones, sin perjuicio de las que puedan determinar las comunidades autónomas y ciudades de ceuta y melilla:
a) que la vpo se haya intentado adjudicar sin éxito y tras quedarse desierto, como mínimo, un 80% del total de las viviendas
b) hallarse situadas en un ámbito territorial específico en el que pueda acreditarse con datos objetivos y de manera fehaciente que existen suficientes viviendas procedentes de la promoción libre, de similares características, tamaño y precio, terminadas en los últimos dos años, y sin vender
además, este plan de vivienda posibilita el cambio de calificación de la vivienda protegida en venta a vivienda protegida en alquiler y viceversa
en cualquier caso, toda vpo que se descalifique tendrá que devolver las ayudas económicas estatales percibidas, es decir, ayudas, bonificaciones y exenciones tributarias
para hacer esta recalificación o descalificación es necesario comunicarlo al ministerio de fomento en el plazo máximo de 10 días y al registro de la propiedad.


Estudio de mercado de SoloAlquileres


El 77% de los alquileres no llega a los 600 euros mensuales

Cartel de 'Se alquila' en el balcón de un piso de Alicante. | Ernesto Caparrós
  • El mercado del alquiler español se convertirá en el más dinámico de Europa'
  • 'El sector está aún al 30%-40% del nivel que alcanzará al medio y largo plazo'
  • Esta compañía ensalza el gran parque de viviendas existente vacías y en 'stock'
  • La encuesta revela que el 75% de propietarios ya prefiere arrendar a vender
  • 'Las bases ya están sentadas. Faltan más medidas y menos dudas del Gobierno'

jueves, 11 de abril de 2013

DICE QUE EL CRECIMIENTO SERÁ LENTO


Goirigolzarri: El crédito comenzará a fluir a finales de año

José Ignacio Goirigolzarri

VALENCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha señalado este miércoles que a finales de este año empezará un cambio de tendencia en la facturación de nuevo crédito aunque ha precisado que el crecimiento será "lento" en los próximos años.
   Durante un acto en Valencia, el presidente de Bankia ha incidido en que a finales de 2013 vamos a empezar ver un cambio de tendencia en la facturación de nuevo crédito y el fluir crédito hacia proyectos con futuro va a ser una realidad y, además, se va a concentrar en el mundo de las pymes", aunque recalca que "no va a ser explosivo", sino que "va a tener un crecimiento lento en los próximos años". "Pero estamos en disposición de dar el cambio que la economía española necesita", ha recalcado.
   Al respecto, argumenta que "tras el proceso de capitalización que culminará antes de verano, la banca española está en capacidad de empezar a generar nuevo crédito", aunque insiste en que "es un proceso que va a llevar tiempo y no es sencillo".
   A su juicio, "la única razón por la que no fluye el crédito no es la falta de demanda solvente, sino que hay una serie de mecanismos en la banca que hay que mejorar" y, además, hacerlo en "una situación de incertidumbre en que no es sencillo discernir entre empresas buenas, solventes, con futuro y las que no lo tienen, mientras la mora sigue entrando y todos los litigios y concursos están creciendo".
   En su opinión, en España "se tiene que producir un desapalancamiento", que comenzó en el "segundo trimestre de 2012" y que "va a significar que el volumen de créditos en el balance de los bancos va a disminuir durante este año y el que viene".
   Ha resaltado, no obstante, que "hay que fijarse en la capacidad de la banca para dar nuevos créditos", en un momento en que "la capitalización y la liquidez permiten a la banca hacer una realidad el fluir del crédito", con Bankia como "ejemplo evidente", que "hace un año no tenía capacidad de prestar y hoy es un banco con capital, solvente y con activos líquidos de unos 40 millones de euros".
   Para Goirigolzarri, que "el primer reto" de los banqueros españoles es equilibrar su necesidad de prestar para que haya ingresos con la de "hacerlo con el criterio que no lleve a las antiguas situaciones de incremento de mora y provisiones" e insiste en que deben cerrar más oficinas y reducir plantillas para eficiencia y rentabilidad.

MAYORES REDUCCIONES DE OFICINAS Y PLANTILLA

   Así, indica que el número de oficinas del sistema financiero español ha caído un 12 por ciento desde que comenzó la crisis, pero "todavía queda mucho por hacer", con lo que augura "reducciones adicionales de entre un 20 y un 25 por ciento" en los próximos años.
   Del sistema financiero español, ha dicho que aún sufre las consecuencias del "endeudamiento externo y la concentración del riesgo en el sector inmobiliario" y que "las medidas para subsanar los problemas que tenía tardaron mucho en ser tomadas".
   "Se tardó mucho, pero en estos momentos estamos en la dirección correcta para trabajar en el futuro fortalecimiento del sistema financiero español". "No todo está escrito, hay que seguir trabajando y lo debemos culminar, pero estamos en la buena línea", ha subrayado.
   También emplaza al sistema de financiación a "reflexionar" sobre "lo que significa la incorporación de la tecnología a su modelo de distribución" para "dar avances decisivos en la mejora de su relación con los clientes a través del aprovechamiento tecnológico".
   En cuanto a los culpables de la situación actual, plantea que "la responsabilidad del sistema bancario es muy importante, la más importante", pero que "no es el único responsable de la crisis", punto en el que cita a los reguladores internacionales, responsables de la política monetaria y empresas que decidieron endeudarse.

"NOS OLVIDAMOS DE LOS CLIENTES"

   Entre las "lecciones" que deberían extraer de la crisis, incluye algunas relativas a los "valores". "Nos olvidamos de los clientes porque si hubiéramos mantenido el compromiso con los clientes, no hubiésemos desarrollado productos que no satisfacían sus necesidades reales", admite el directivo, quien subraya que "la banca es un negocio de largo plazo por definición" y, como tal, "no hay resultado a corto plazo que justifique poner en cuestión su largo plazo".
   También subraya que deben tener un gobierno corporativo "equilibrado en su poder, lleno de controles a los ejecutivos y dentro de la institución" y que se base en los principios de "integridad y profesionalidad". "Cuando los resultados son más importantes que los valores, es imposible mantener un proyecto empresarial excelente y sostenible", ha sentenciado Goirigolzarri

LA IMPORTANCIA DE VALENCIA PARA BANKIA

   En clave regional, el presidente de Bankia ha señalado que la entidad ha "elegido la Comunitat Valenciana como primer sitio" para concluir su plan de transformación y que, "a finales del mes que viene", prevé completarlo en esta autonomía para "empezar una nueva etapa totalmente distinta, con la base de un balance muy sólido y un plan estratégico muy definido", y poder aportar su "grano de arena" a la recuperación de la comunidad donde han "nacido" y que es "tan importante para el futuro de Bankia".
   Goirigolzarri mantiene que son conscientes de que la entidad "ha sido considerada por muchos como el ejemplo de los problemas del sistema español", pero defiende que "hoy es una entidad muy solvente, muy bien capitalizada y con una gran liquidez" y que, además, "tiene plan estratégico perfectamente definido y respaldado por Europa".
   En su intervención, Goirigolzarri ha remarcado que "todo lo que es bueno para Valencia es bueno para Bankia" y que "la Comunitat Valenciana es absolutamente clave" para la entidad, en primer lugar porque su sede social está en Valencia, pero también por la responsabilidad de servir a más de 1,8 millones de clientes y porque esta autonomía supone más del 20 por ciento del volumen de negocio.
   Así lo ha señalado en la celebración del tercer aniversario del diario Valencia Plaza, a la que también han asistido el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, con los consellers de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch, y de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, y la delegada del Gobierno en la Comunitat, Paula Sánchez de León.
   En el acto, que ha reunido a una nutrida representación del ámbito económico y empresarial de la Comunitat, se han entregado tres galardones en las categorías económico-empresarial, cultural-sociedad y deportiva, que han recaído en la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), el campus en Valencia del Berklee College of Music, y en el Levante U.D., respectivamente.

COMO EXPROPIACIONES O SANCIONES


La AHE ve "sorprendente" el decreto sobre vivienda de Andalucía con conceptos "extemporáneos"

SEVILLA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González, considera "sorprendente" el decreto ley sobre la función social de la vivienda aprobado el martes por el Consejo de Gobierno de la Junta, donde se introducen, a su juicio, conceptos "extemporáneos" como expropiaciones, sanciones o multas, que "se salen del contexto natural en el que estas cosas se deben producir".
   En declaraciones a Europa Press, González, quien ha reconocido que hasta que no salga publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el sector conoce dicho decreto por lo publicado en prensa, considera dicha medida "sorprendente", toda vez que "a nivel nacional estamos en un proceso desde hace tiempo en el que el Gobierno central, los partidos y demás agentes del sector inmobiliario e hipotecario han adoptado de forma unificada medidas para la paralización de desahucios, se están adoptando medidas como el Código de Buenas Prácticas, y otras medidas en materia de vivienda".
   Por ello, consideran que el sector de la vivienda "iba llevando un camino positivo, en el sentido de entrar en un proceso de negociación y mejora de las prácticas hipotecarias y mejorar la situación de las personas, con medidas novedosas que se incorporaban", frente a lo que ven "sorprendente" que la Junta "utilice términos como expropiación, confiscación, penalizaciones o multas, que parece que se salen del contexto natural en el que estas cosas se deben producir".
   La patronal hipotecaria reconoce que con la norma de la Junta "podría haber una conculcación del derecho de propiedad", aunque considera que "aún es pronto para valorar acerca de la legitimidad o legalidad de la norma".
   "Íbamos por el camino de la negociación en materia de vivienda, con medidas desde el Gobierno central de mucho calado, pero nos sorprende mucho que, sin conocer qué significa realmente expropiación temporal, se adopten medidas extemporáneas que no apuntan a un mejor entendimiento entre las diferentes partes", ha agregado González, quien considera que "habrá que conocer el decreto ley más en detalle y ver qué pasa con la propiedad privada".
   En ese sentido, tras aseverar que "no estaba el ambiente colectivo, ni siquiera el internacional, para esas medidas extemporáneas de la Junta que no apuntan a un mejor entendimiento", Santos González cree que "la expropiación no es el camino, ni tampoco lo es el sorprendente concepto de confiscación".
   Ha recordado medidas como el Fondo Social de Viviendas que se está gestionando con la Administración y otra serie de medidas "de integración" que para el sector "es el circuito mas lógico y lo que se impone en estos momentos, con la colaboración de todos".
   Asimismo, considera que "desde el punto de vista estrictamente económico y financiero, las condiciones en que nos vemos las entidades, no es lo más adecuado invitar a expropiaciones".
   "Hay que compatibilizar la lógica y necesaria ayuda a familias necesitadas y que han tenido problemas con medidas que respeten el derecho a la propiedad privada y no conculquen la Constitución; deben arbitrarse medidas de consenso", ha agregado el presidente de la AHE, quien reconoce que hasta este momento "el sector no tiene noticias de la Junta, aunque necesitamos tener un conocimiento mayor para poder evaluar en profundidad las medidas".
   La Asociación Hipotecaria Española (AHE) es una organización integrada por los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito y establecimientos financieros de crédito que tienen una mayor presencia en el mercado hipotecario.

miércoles, 10 de abril de 2013

UCI, de Santander y BNP, y Credifimo, de La Caixa, son los grandes ausentes del acuerdo


Las financieras no se adscriben al código de buenas prácticas hipotecarias

Las financieras de Santander y CaixaBank no se adscribieron al código.
El grueso del sistema financiero español firmó el acuerdo voluntario.
Solo el 12% de los afectados puede beneficiarse de él, según Adicae.
La reforma hipotecaria que ultima el PP busca ampliar los colectivos.

Un año después de su puesta en marcha, el 9 de marzo de 2012, “el código de buenas prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre vivienda habitual”, cuya adscripción resulta de carácter voluntario, cuenta con 97 firmantes, el grueso del sistema financiero español. El listado incluye desde los grandes bancos nacionales a cooperativas de crédito, pasando por cajas rurales y entidades extranjeras que operan en España. Las financieras son, sin embargo, las grandes ausentes del código.
Asociaciones de usuarios de banca, como Adicae, señalan como especialmente grave la ausencia de dos firmas, UCI y Credifimo, que paradójicamente están en manos de dos grandes entidades que sí han declarado públicamente su adhesión al código.
UCI, de una parte, es una entidad participada a medias por Banco Santander y BNP Paribas. La Unión de Créditos Inmobiliarios, que se publicita como “líder en la comercialización de hipotecas a través de los profesionales del sector inmobiliario” y mueve unos 11.500 millones en inversión crediticia, sostiene en su web que “el compromiso de UCI es que todos los préstamos firmados cumplan los requisitos de crédito responsable”, si bien no cuenta entre estos el código de buenas prácticas. “Lo valoramos como una buena iniciativa y nos inspiramos en sus puntos, pero no todos son aplicables a nuestra cartera. Preferimos dar soluciones individuales a nuestros clientes”, detalla Fernando Delgado, director de marketing de UCI, que no prevé que la firma se adhiera a él ni siquiera por una cuestión “reputacional”.
Credifimo, de otro lado, pertenecía inicialmente a Cajasol, entidad andaluza que terminó fusionándose con Caja Navarra, Caja Canarias y Caja de Burgos en Banca Cívica, entidad que a su vez fue absorbida el pasado año por CaixaBank. Credifimo se define como “una entidad de créditos hipotecarios y personales” a la que han confiado sus préstamos hipotecarios “más de 20.000 familias”, según su web. Desde Adicae exponen que la firma se encuentra en desmantelamiento y que solo conserva una oficina en Madrid, en la que tampoco encuentran un interlocutor que les aclare si CaixaBank se hará responsable de sus créditos. Declinando dar más detalles, desde la matriz sí señalan que Credifimo, que no da ya crédito nuevo, estaría planteándose firmar el código. La firma conservaría un saldo de 400 millones en crédito y 4.000 operaciones.

El PP no encuentra apoyos a su reforma hipotecaria

Todos los grupos parlamentarios manifestaron ayer su rechazo al texto unificado de reforma hipotecaria que el PP les presentó el viernes aglutinando el proyecto de ley del Gobierno y la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que casi 1,5 millones de ciudadanos registraron ante el Congreso de los Diputados. El borrador del PP desarrolla la propuesta del Gobierno, que limita los intereses de demora, permite al juez suspender cautelarmente un desahucio si se denuncian cláusulas abusivas, flexibiliza las subastas de inmuebles ejecutados, amplía el código de buenas prácticas o suspende los embargos de las familias más vulnerables, pero que está lejos de la dación en pago retroactiva y la paralización generalizada de los desahucios que defendía la ILP presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). “Claramente insuficiente”, fue el reproche más escuchado desde PSOE o UPyD y también, posiblemente, la crítica más amable que recibió el texto. El PP, que asegura haber incluido ya enmiendas de todos los grupos, se da una semana más para renegociar con ellos el texto final. Si fracasa, su mayoría absoluta en la Cámara –y la Comisión– le permitirá, sin embargo, aprobar su propuesta en solitario.
UCI y Credifimo no son un caso único. Pese a la presión motivada por haber motivado polémicos desahucios, otras financieras como General Electric Money Bank o Hipoval tampoco han firmado el acuerdo.
El código de buenas prácticas es una norma que obliga a sus firmantes a aplicar una hoja de ruta especial para colectivos vulnerables que sean incapaces de afrontar su hipoteca. Los pasos a dar van desde la refinanciación de la deuda, incluyendo plazos de carencia o quitas, a la dación en pago con un alquiler social si no fuera posible otra solución. Además de su carácter voluntario, la principal crítica a esta medida, destinada a paliar el drama de los desahucios, fue lo exiguo de los posibles beneficiarios. Según Adicae solo un 12% de los afectados puede ampararse en ella. Se trataba de familias con todos sus miembros en paro, a las que la cuota hipotecaria supusiera un 60% de sus ingresos –aunque fueran prestaciones por desempleo– y cuya deuda recayera en una única vivienda tasada por no más de 120.000 euros, en pueblos, o 200.000 en ciudades. La reforma hipotecaria que ultima el PP recoge ampliar los beneficiarios a familias numerosas, monoparentales con dos hijos, con discapacitados o menores de tres años al cargo, o cuyas rentas no superen los 19.000 euros anuales.