Crisis en la zona euro

Bruselas dice a España que "hay margen" para subir más el IVA

• Bruselas reclama al Gobierno que aplique de forma más estricta la ley de estabilidad presupuestaria.
• Pide que se acelere la creación de la oficina de control presupuestario




   
(REUTERS)
El ministro griego de Finanzas, Yannis Stournaras; su homólogo español, Luis de Guindos; la ministra danesa Margrethe Vestager; y el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, en la reunión del Ecofin del 5 de marzo de 2013.
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CINCO DÍAS
BRUSELAS
05-03-2013 12:51


La Comisión Europea ha reclamado este martes a España nuevas subidas del IVA y de los impuestos medioambientales para reducir el déficit y proseguir con la reforma laboral y con la de las pensiones, retrasando la edad efectiva de jubilación.
Bruselas reclama además al Gobierno que aplique de forma más estricta la ley de estabilidad presupuestaria a las comunidades autónomas que incumplen sus objetivos de déficit y que acelere la puesta en marcha de la oficina de control presupuestario.
Estas recomendaciones aparecen en el segundo informe de evaluación del rescate bancario para España elaborado por el Ejecutivo comunitario, en colaboración con el Banco Central Europeo (BCE). El informe recoge las conclusiones de los inspectores que viajaron a Madrid del 28 de enero al 1 de febrero.
Bruselas admite que la subida del IVA que se aplica desde el pasado septiembre (del 18% al 21% el tipo general y del 8% al 10% el tipo reducido) supone un “progreso” para mejorar la eficacia del sistema fiscal español. “No obstante, todavía hay margen para limitar la aplicación de diferentes tipos de IVA reducido y para aumentar los impuestos medioambientales, especialmente a los carburantes”, dice el informe.
En materia presupuestaria, la Comisión pide además “reforzar” la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria. “La aplicación de las disposiciones de la ley por lo que se refiere a los mecanismos correctivos y de alerta temprana podría hacerse más eficaz y transparente”, sugiere.
El informe critica que los planes del Gobierno español para poner en marcha una oficina presupuestaria independiente, exigida por la UE, todavía están en una fase preparatoria”. “Deberán acelerarse considerablemente si se quiere que la oficina juegue un papel eficaz ya para el ejercicio presupuestario 2014”, reclama Bruselas.
“El recurrente déficit en el sistema de seguridad social también debe controlarse”, pide Bruselas. En 2012, este déficit ascendió al 1% del PIB, en lugar del equilibrio que había calculado el Gobierno. “Los planes para introducir un factor de sostenibilidad en el sistema de pensiones y para aumentar la edad efectiva de jubilación serían un paso importante en esta dirección, pero todavía deben adoptarse”, dice la Comisión.
El informe constata que la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy el año pasado “podría estar empezando a tener un impacto”, como puede observarse en la moderación salarial y el aumento de los despidos procedentes. “La reforma tiene potencial para fortalecer el vínculo entre salarios, el ciclo económico y la posición de las empresas”, señala la Comisión.
No obstante, Bruselas señala que “la dualidad en el mercado laboral persiste sin cambios” y dice que “la gravedad de la situación del mercado laboral exige una vigilancia y revisión continua del impacto de la reforma”. Las autoridades españolas se han comprometido a realizar una revisión durante el primer trimestre del año y la Comisión les pide centrarse en “el impacto en la dinámica salarial, la segmentación del mercado laboral y la empleabilidad”.
Además, el Ejecutivo comunitario pide al Gobierno aumentar el gasto en formación, integración en el mercado laboral y reorientación profesional, modernizar los servicios públicos de empleo y mejorar la coordinación entre los nacionales y autonómicos.
Bruselas lamenta que todavía no se haya aprobado la “importante ley” de liberalización de servicios profesionales y pide que el grado de “ambición” de la ley de mercado único “no se reduzca durante el proceso legislativo”.
Riesgos macroeconómicos
La Comisión Europea avisa de que el déficit de tarifa “supone un pasivo contingente considerable para el presupuesto, así como riesgos macroeconómicos no despreciables”. En 2012, alcanzó 5.000 millones (el 0,5% del PIB), superando por un amplio margen el nivel previsto de 1.500 millones.
“El total acumulado del déficit de tarifa alcanza los 29.000 millones”, señala el Ejecutivo comunitario. Y avisa de que pese a las medidas ya aprobadas por el Gobierno, en 2013 volverá a alcanzar un nivel “considerable”.
  

Bankia ultima un acuerdo con Cáritas y Cruz Roja para ofrecer soluciones a afectados por desahucios

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha anunciado que la entidad está ultimando un acuerdo con Cáritas y Cruz Roja para ofrecer soluciones a las familias que tienen problemas para pagar su hipoteca y corren el riesgo de verse desahuciados de su vivienda.

   En un desayuno informativo organizado por Europa Press, el directivo ha destacado que todo el tema social que rodea a los desahucios tiene a la entidad "muy sensibilizada desde el punto de vista institucional y personal".

   "En Bankia había una preocupación por el problema del impago de hipotecas o desahucios antes de que apareciera en los medios de comunicación", ha señalado, al tiempo que ha precisado que en los últimos años la entidad ha hecho 80.000 readecuaciones de hipoteca.

   Goirigolzarri también ha indicado que Bankia ejecutó el año pasado 3.000 daciones en pago. "Cuando nos enfrentamos a este problema, también nos enfrentamos desde el punto de vista de que el impago de la hipoteca es la consecuencia de una situación de vulnerabilidad social que supera las posibilidades del sistema bancario", ha añadido.

   En este sentido, ha hecho hincapié en que Bankia ha sido la entidad que ha contribuido con un mayor número de pisos al Fondo Social de Vivienda habilitado por el Gobierno para personas que se hayan visto afectadas por esta situación. En este marco se encuadra el acuerdo de Bankia con las dos ONG.

   "Desde el punto de vista de la vulnerabilidad, estamos llegando a un acuerdo muy adelantado con Cáritas y Cruz Roja porque es muy importante cooperar para que las personas que están en situaciones de impago salgan de la situación de vulnerabilidad social", ha señalado.

   Por otra parte, el presidente de Bankia ha abogado por no cambiar la Ley Hipotecaria al completo porque su modificación podría tener "consecuencias adversas", y ha defendido centrar las soluciones sobre los desahucios en las personas que tengan problemas de vulnerabilidad.

   "Cambiar todo el sistema que nos ha traído aquí por el problema de un segmento acotado no me parece razonable. Concentremos las soluciones en las personas que tienen problemas de vulnerabilidad social, pero no cambiemos el todo porque las consecuencias pueden ser muy adversas", ha manifestado.

El Euríbor retrocede una milésima en tasa diaria, hasta el 0,543%, y consolida la senda bajista

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Euríbor, el índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España, ha bajado una milésima en tasa diaria, hasta el 0,543%, con lo que consolida su tendencia bajista iniciada a principios de febrero.

   El índice acumula un retroceso de 74 milésimas desde la reunión del Banco Central Europeo (BCE) del 7 de febrero, cuando decidió mantener los tipos de interés del euro en el 0,75%.

   El Euríbor cerró febrero en el 0,594% --frente al 0,575% de enero--, y abaratará en más de 745 euros anuales las hipotecas a las que le toque revisión. Tomando como referencia los últimos doce meses, el índice registra un descenso de 1,084 puntos, según informa el Banco de España.

El precio de la vivienda de segunda mano cae un 10,3% en el último año, según 'Pisos.com'

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El precio medio de la vivienda de segunda mano se situó en 1.863 euros por metro cuadrado a cierre del pasado mes de febrero, lo que supone un descenso del 10,37% en comparación al mismo mes de 2012, según el portal inmobiliario 'Pisos.com'.

   Sólo en el mes de febrero los pisos usados se abarataron un 0,72%, dado que a cierre de enero, su precio medio se situaba en 1.877 euros por metro.

   En cuanto a las perspectivas de futuro y, sobre todo, la influencia que en los precios de mercado tendrá la Sareb, el director general del portal Miguel Ángel Alemany, indicó que "en un principio los descuentos con los que vendan las entidades sus pisos presionaría en mayor medida al resto de la oferta de segunda mano". No obstante, apuntó que "todo depende de si la Sareb considera la venta minorista como algo puramente residual".

   El directivo del portal inmobiliario se refirió también a los eventuales cambios que se produzcan en el mercado hipotecario para advertir de que "la aplicación sin restricciones de la entrega al banco de la vivienda como método para cancelar la deuda introduciría un desequilibrio financiero importante".

   En cuanto a la evolución del mercado de segunda mano, en febrero ninguna comunidad elevó los precios de los pisos. Los ajustes más intensos se registraron en Aragón, donde se desplomaron un 16,1%, Navarra (-13,70%) y Cataluña (-12,26%).

   Así, a cierre del segundo mes, las regiones más caras para comprar un piso son País Vasco, con un precio medio de 3.377 euros por metro cuadrado, por delante de Madrid (2.360 euros) y Baleares (2.173 euros).

   En el lado opuesto, las más baratas son Castilla-La Mancha, donde una vivienda usada cuesta una media de 1.107 euros por metro, Extremadura (1.364 euros) y Comunidad Valenciana (1.489 euros).

El Defensor del Pueblo censura a los bancos por haber dado hipotecas sin rigor durante años

EUROPA PRESS. 02.03.2013 - 13:56h

• La responsabilidad del sobreendeudamiento de las familias no es solo de estas.
• Aboga por no conceder hipotecas por encima del 80% del valor del inmueble
• Considera que la norma de transparencia hipotecaria se ha mostrado ineficaz.

Nunca se tendrían que haber concedido hipotecas por encima del 80% del valor de tasación. Es una de los asertos más llamativos sobre el problema de la vivienda que incluye el informe anual del Defensor del Pueblo, informe que viene a señalar a la banca y a censurar su papel en los últimos años, dando hipotecas a quien no podría pagarlas.

No se valoró la verdadera dimensión del problema: el sistema no ha funcionadoLa institución afirma que labanca debería haber limitado la concesión de préstamos hipotecarios a un porcentaje del valor del inmueble para evitar la situación actual en la que muchas familias están siendo desahuciadas de sus viviendas.

El Defensor del Pueblo considera que tanto la vivienda como el local del negocio que sea medio de vida deberían regularse separadamente en el conjunto del sector hipotecario "de forma que obtengan una mayor protección acorde con la voluntad de la Comunidad Europea, a fin de paliar la desigualdad existente entre los sujetos que intervienen en este tipo de contratos".

Entiende que el problema que están sufriendo los hipotecados –aspecto especialmente visible de esta crisis– comenzó a vislumbrarse en 2001 pero, sin embargo, no se valoró su verdadera dimensión, y advierte de que "no se puede considerar que la responsabilidad en el sobreendeudamiento de los particulares sea únicamente de estos, pues el sistema no ha funcionado".

Bancos y cajas deben implicarse en la protección del consumidorEn este sentido, destaca que "es la banca quien debe evaluar la capacidad de endeudamiento del cliente y abstenerse de ofrecer préstamos por encima de la capacidad de reembolso", y apunta que las entidades financieras "deben implicarse en la protección de los consumidores".

A su juicio, las normas de transparencia hipotecaria recogidas en la Orden del 5 de mayo de 1994 han demostrado ser "ineficaces", por lo que cree que debe llevarse a cabo una mejora del marco normativo "desarrollada con la elaboración de una guía de acceso al préstamo hipotecario".

Medidas sí, pero no dación en pago

A la hora de tomar medidas preventivas, la institución aboga por mejorar la transparencia, hacer efectivo el asesoramiento técnico por parte de las entidades financieras y de los notarios y desarrollar la obligación de concesión responsable de crédito.

Aboga por más transparencia y por la obligación de la concesión responsable de créditoTambién aboga el Defensor del Pueblo por desarrollar de forma "adecuada al momento social" la regulación de las hipotecas que afectan a la vivienda habitual y al local de negocio donde se ejerce la actividad que constituye el medio de vida de los particulares del resto de su patrimonio.

Además, propone una serie de medidas paliativas que pasan por regular un procedimiento específico para la insolvencia de las personas físicas, ya sea procesal o extraprocesal, y que permita al deudor quedar liberado de sus deudas tras el concurso, al igual que sucede con las empresas.

La institución no acaba de apostar por la llamada dación en pago. No obstante, defiende la adopción de medidas extraordinarias que permitan a los deudores de buena fe continuar utilizando su vivienda o local de negocio mediante un precio asumible "buscando su recuperación económica e integración social".

Informe Anual 2012

La Defensora del Pueblo insta a alojar a familias desahuciadas en las VPO vacías 

Cree que habría que diversificar las fórmulas de cesión de las administraciones

EP  MADRID  03-03-2013 14:11

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, señala en su Informe Anual 2012 que existen muchas viviendas de protección pública (VPO) vacías que podrían ser utilizadas por familias que han sido desahuciadas, y añade que para ello habría que diversificar las fórmulas de cesión que actualmente contemplan las administraciones.

Con este ánimo, Becerril avanza que la institución está investigando de oficio con las comunidades autónomas y con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como con 10 municipios de más de 350.000 habitantes, para conocer con detalle la situación de ese “importante” número de viviendas que no han sido adjudicadas.

Con la información que se está recopilando, la Defensora del Pueblo está preparando un informe monográfico, que previsiblemente será presentado a las Cortes Generales “en los primeros meses de 2013”.

En este informe se tratarán de exponer las causas de por qué esas viviendas se encuentran desocupadas más tiempo del imprescindible para ponerlas en uso, y se realizarán recomendaciones para fomentar el mercado del alquiler para las viviendas pública y para fomentar que las administraciones “flexibilicen” los requisitos de acceso a las mismas, de modo que pueda ampliarse el número de beneficiarios.

En el Informe Anual 2012, Becerril trata de dejar claro que la situación de muchas familias que no cuentan con un hogar exige una respuesta rápida.

Así, la institución constata un cambio en el perfil de las personas que acaban ocupando una vivienda, “pues comienzan a aparecer familias estructurales que han sido desalojadas por el impago de hipotecas o alquileres”.

Asimismo, atestigua que “se ha recibido un número considerable de quejas de familias, otrora con una situación normalizada, afectadas por el desempleo de varios de sus miembros, que tras ser desahuciadas se ven abocadas a vivir en vehículos, cuando no en la calle, sin recursos económicos y con hijos a cargo”.

Además, aunque señala que en el caso de familias que ya habitan en un vivienda de protección, las administraciones “no hacen un uso extensivo de los desahucios”, recuerda que en este segmento también se producen estos procesos y que ello implica también “considerables esfuerzos e incluso perjuicios económicos para la Administración”.

Entre ellos, Becerril menciona los costes del procedimiento, la obligación de arreglar en un tiempo prudencial la vivienda desalojada y el asumir los gastos comunitarios de estos inmuebles que permanecen vacíos.

En este sentido, la Defensora del Pueblo abunda en que “el gran número de viviendas que se encuentran vacías pertenecientes a entidades financieras y a las administraciones públicas hace difícil justificar ante los ciudadanos, que muchas veces están viviendo situaciones límites, que no puedan tener acceso a una vivienda con una premura acorde con sus necesidades”.

Cambiar las condiciones de acceso

Por otro lado, la Defensora del Pueblo ha venido observando un incremento de las renuncias de las viviendas con algún tipo de protección pública por parte de los adjudicatarios, derivadas de la supresión de ayudas a la compra, la denegación de préstamos por parte de la banca, la exigencia de unos ingresos mínimos o máximos anuales en la unidad familiar o la pérdida de ingresos por el desempleo.

“Ésta es una realidad que necesariamente debe tomarse en consideración por los poderes públicos en el diseño de las políticas de vivienda”, señala Becerril.

Ahora bien, recuerda que ante esta situación transmitió una recomendación a la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento para que adoptase las medidas necesarias para que en la concesión de los préstamos cualificados no se apliquen criterios estrictamente bancarios, sino aquellos encaminados a facilitar el acceso a un “bien social básico”. Según apunta, hasta la fecha de elaboración del informe aún no había obtenido respuesta por parte de Fomento.

Los extranjeros vuelven a comprar casas en España como antes de la crisis

• El 42% de las operaciones se cerró por un precio de más de 160.000 euros
• Los rusos se consolidan como segundo mercado en importancia, solo superado por los británicos   

RAQUEL DÍAZ GUIJARRO  MADRID   01-03-2013 18:14

La rebaja de precios y la mejora de la imagen del país en el exterior explican buena parte del aumento de extranjeros que decidieron comprar vivienda en España en 2012. La estadística, que se nutre con datos del Consejo General del Notariado, especifica que sus cifras se refieren al número de ciudadanos de esa condición, es decir, extranjeros y no residentes, que compran inmuebles, “por lo que los números no contabilizan las casas, sino los propietarios. De hecho, una misma persona puede haber adquirido más de un inmueble”, explican fuentes de este organismo.

Así, en 2012 un total de 38.312 ciudadanos extranjeros no residentes compraron casa en España, lo que representa un incremento del 28,4% respecto a 2011 y supone prácticamente equipararse al volumen de ventas de 2007, primer año de la serie histórica que elaboran los notarios y último antes de que estallara la crisis. Entonces, fueron 41.787 los foráneos que optaron por adquirir una propiedad en España.

El desglose que hace la estadística según la ubicación de los inmuebles permite comprobar qué destinos se han mantenido en los últimos seis años entre los favoritos de los extranjeros que eligen España para tener una segunda residencia y qué territorios pierden enteros. Murcia y Andalucía son las dos comunidades autónomas donde más cae el número de compradores, mientras que Cataluña registró el año pasado más del doble de compradores que los que tenía en 2007. La Comunidad Valenciana también recupera los niveles que registraba antes de la crisis y, de manera sorprendente Madrid logró atraer en 2012 a 204 extranjeros no residentes que decidieron comprar vivienda en la región, cuando en 2007 apenas lo hicieron 68.

Nacionalidades y precios

Por países de origen también se han producido cambios respecto a lo ocurrido en el pasado. Por primera vez, los rusos se han convertido en los segundos compradores de vivienda por volumen, solo superados por los británicos. Las cifras muestran que son ya más numerosos los rusos que compran vivienda en España que los franceses, tradicionalmente el segundo mercado en importancia. Además, noruegos y belgas han superado a alemanes e italianos que eran otros de los extranjeros que más casas solían comprar en toda la costa mediterránea y, en especial, en ambos archipiélagos. De hecho, Italia se desploma en esa clasificación, sin duda afectada por la severa recesión que asola a su economía, y ya son más los ciudadanos procedentes de países como Argelia, los que optan por invertir en el mercado español.

“La rebaja de precios ha sido clave, pero también lo ha sido la aprobación de nuevas normas urbanísticas que parecen alejar el fantasma de las demoliciones de las casas a pie de playa. Esas dos circunstancias, unido al hecho de que parece ya descartado el rescate global de la economía española, es lo que ha alentado la compra de inmuebles este año”, explican en una inmobiliaria de la Costa del Sol.

En los precios, las cifras revelan cómo ha ido cambiando la coyuntura del mercado. Mientras a comienzos de 2008 el precio medio que alcanzaban las operaciones llegó a rozar los 320.000 euros, el año pasado no superó los 230.000, si bien se detectó un significativo repunte en diciembre. No obstante, de todas las adquisiciones cerradas el año pasado, el 42% se cerró a un precio por encima de los 160.000 euros que el Ejecutivo ha marcado como límite a partir del cual prevé conceder el permiso de residencia a los extranjeros que compren casas en España.

Polémica por la concesión del permiso de residencia

El anuncio que efectuó el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, a finales de 2012 sobre la posibilidad de conceder el permiso de residencia a aquellos extranjeros que compraran una vivienda de más de 160.000 euros causó un gran revuelo.

Pese a ello, el proyecto sigue su curso, pero en la más absoluta discreción. Nada o casi nada se sabe acerca de en qué estado se encuentra, pero según ha podido saber CincoDías el Gobierno pretender ir más allá. Ahora lo que se baraja es que se conceda dicho permiso no solo a los extranjeros que inviertan en ladrillo, sino a aquellos que compren deuda soberana o creen una empresa y generen empleo e incluso a todos los que se embarquen en cursos de larga duración en escuelas de negocios o que acudan a ellas como profesores. Todo esto se enmarcaría dentro de una estrategia para favorecer el emprendimiento de extranjeros en España y la atracción de nuevo talento, en paralelo al paquete de medidas ya aprobado para impulsar la actividad de los emprendedores españoles.

Una comisión interministerial pilotada desde Moncloa es la encargada ahora de establecer todos los requisitos que deberán cumplir aquellos que quieran obtener la residencia, aunque ya se conoce que, por supuesto, deberán carecer de antecedentes penales, contar con medios económicos suficientes para sufragar su estancia y viajar a su país de origen y tener contratada una póliza que les cubra la asistencia médica en España.

A falta de cerrar los últimos flecos sobre las garantías de estabilidad en el empleo que se exigirá a los nuevos residentes, fuentes del Gobierno diseñan la estrategia para comunicar esta iniciativa “de la forma más adecuada”.